Un grupo de migrantes venezolanos se vieron favorecidos por la acción judicial presentada por el Centro de Orientación Migratoria en contra de la Intendencia de Tarapacá la cual había ordenado la expulsión de estas personas.
La Ilustre Corte de Apelaciones de Iquique señaló que el actuar de la Intendencia no estuvo ajustado a derecho considerando que a los amparados no tuvieron oportunidad de defenderse, ni de ser oídos y en consecuencia, no se les garantizó el debido proceso.
Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile aduciendo entre otras cosas el antecedente constituido por la resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre migración forzada de personas venezolanas, que se refiere expresamente al atropello en los derechos humanos que afecta a los naturales de esa nacionalidad.
